La historia de una toma de control ilegal
Eduardo Albor funda The Dolphin Company.
Contratación del primer NPA por USD $115M con M&G Capital y Fortress.
Refinanciamiento de USD $100M con Prudential (75%) y Cigna (25%) hasta 2026.
Impacto por COVID-19. Socios inyectan USD $2M personales y acreedores amplían financiamiento por USD $8M.
Inyección de USD $75M por Sculptor Capital. Cierre de año con EBITDA récord de USD $36M.
Eduardo Albor solicita Concurso Mercantil en México.
El juzgado federal admite el Concurso y emite medidas cautelares para mantener a Albor en la administración y suspender cobros.
Se hace efectiva la renuncia formal de Wilmington Trust como Agente de Garantías.
Pese a las cautelares y su previa renuncia, representantes de Wilmington Trust realizan asambleas para destituir a Albor. El Notario 142 registra 7 instrumentos en el SIGER en 24 segundos.
La nueva gestión toma control de las cuentas bancarias.
La administración impuesta implanta el Chapter 11 en Delaware sin cumplir las mayorías del consejo ni notificar a las autoridades mexicanas.
Muere el delfín Samira por la ingesta de un clavo tras el congelamiento de fondos para mantenimiento.
Eduardo Albor es arrestado en Cancún por acusaciones de la contraparte y liberado 6 días después por falta de pruebas.
Se formalizan cargos penales contra el Notario 142 en Quintana Roo y se reporta posible fraude fiscal ante el SAT.
El Octavo Tribunal Colegiado en México ordena reabrir el Concurso Mercantil y revisar la validez de la toma de control de marzo de 2025.
La jueza Laurie Selber Silverstein presidió una audiencia de evidencias clave de dos días para examinar a fondo el conflicto de gobernanza corporativa y la solicitud de desestimación presentada por Eduardo Albor.
Los deudores en posesión promovieron ante la Corte de Delaware una moción para autorizar la venta privada de la mayoría de sus activos y parques marinos en México a la empresa especializada Delphinus Blue Planet, S.A.P.I. de C.V.
El Octavo Tribunal Colegiado en México admitió formalmente a trámite la demanda de amparo directo promovida por la representación legítima de Controladora Dolphin.
La jueza Laurie Selber Silverstein dictó una resolución definitiva que rechazó en su totalidad la moción de desestimación o suspensión del Chapter 11 presentada por Eduardo Albor.
La jueza Laurie Selber Silverstein firmó la orden que extiende de manera formal el período de exclusividad bajo la sección 1121(d) del Código de Quiebras para proponer y recabar votos sobre los planes de reestructuración o liquidación.
El tribunal mexicano ha retirado de forma definitiva todo reconocimiento legal a la administración única temporal, al Director de Reestructura y a los apoderados de los acreedores extranjeros. Al quedar desprovista de facultades esta gestión externa, el marco normativo establece el retorno automático del Consejo de Administración.
Coordinado por su presidente, Eduardo Albor, el Consejo de Administración reasume sus funciones operativas y de gobierno corporativo con el respaldo de más de 25 años de trayectoria en el sector.
En las próximas semanas se definirán responsabilidades específicas, impulsando el fortalecimiento del Concurso Mercantil en México y las acciones defensivas ante la Corte de Delaware en EE. UU.
Superando criterios financieros comunes, la máxima prioridad es garantizar que el cuidado especializado del patrimonio biológico permanezca bajo la tutela de los equipos profesionales con 30 años de experiencia.
La postura y evidencias presentadas por la defensa de Eduardo Albor.
El proceso de toma de control administrativo inició con una inconsistencia crítica: un aviso de incumplimiento fechado el 27 de marzo de 2025 emitido presuntamente a nombre de Wilmington Trust. La validez es cuestionable debido a contradicciones directas en la cronología de representación:
La comunicación física registró demoras atípicas frente a los estándares habituales. Aunque el aviso tiene fecha del 27 de marzo de 2025:
Durante este periodo se ejecutaron asambleas y reestructuraciones a espaldas de la administración, limitando por completo su defensa.
La solicitud de Chapter 11 en Delaware y el cambio de mando se ejecutaron omitiendo los requisitos institucionales básicos de The Dolphin Company.
Los estatutos sociales exigen una mayoría calificada del 75% del Consejo de Administración para autorizar cambios estructurales en las empresas tenedoras de acciones en Delaware (TDC Holdings LLC y Leisure Investment Holdings LLC).
El 28 de marzo de 2025, apoderados de CiBanco y presuntamente de Wilmington Trust (entidad que había renunciado un mes antes) celebraron supuestas asambleas y resoluciones de accionistas (RUAs).
Estos actos violaron los contratos vigentes y el compromiso de no ejercer derechos corporativos sin notificación previa de incumplimiento ni plazo razonable de remediación.
A inicios del 2025 la empresa se encontraba en un proceso de reestructura financiera, bajo el amparo de un proceso de concurso mercantil conforme las leyes Mexicanas.
El Tribunal Colegiado y las auditorías forenses demostraron que la compañía era perfectamente viable y generaba flujos suficientes. La destitución del Consejo no se debió a un colapso del negocio, sino a una estrategia de asfixia externa inducida.
Bajo el liderazgo de Eduardo Albor, la empresa creció ininterrumpidamente durante 25 años hasta operar en 8 países; en el año 2022 cerró con un EBITDA récord de USD $36 millones, validado por auditorías externas de EY.
La justicia mexicana reconoció que la empresa acudió legítimamente al Concurso Mercantil para proteger los activos de la Nación (la biota) ante un fenómeno económico externo e imprevisible, ordenando suspender los pagos de deuda vencida para priorizar la operación.
Es un hecho que la tasa SOFR variable escaló un 1,500% (superando el 5.3%) y que el dólar sufrió una caída histórica por debajo de los $18 pesos. A pesar de esta asfixia que drenó más de USD $20 millones de la caja, Eduardo Albor y sus socios inyectaron USD $2 millones de su patrimonio personal para asegurar el bienestar de los animales y la operación.
El fallo judicial sepultó esta maniobra al confirmar el desacato directo a las medidas cautelares federales vigentes. Al determinarse que las asambleas del 28 de marzo de 2025 fueron ilegales y que el Notario 142 enfrenta cargos penales por falsificación, todo lo actuado con posterioridad —incluido el Chapter 11— carece de validez jurídica originaria.
Los fondos utilizaron a Wilmington Trust cuando este agente ya había renunciado formalmente (16 de marzo de 2025) y recurrieron al Notario 142 de CDMX para simular asambleas en Cancún mientras el notario operaba a 1600 km de distancia.
No. Los estados financieros históricos demuestran una solidez institucional impecable. Bajo el liderazgo de Eduardo Albor, la compañía creció ininterrumpidamente durante más de 25 años hasta operar en ocho países. Muestra de esta excelencia es que el año 2022 cerró con un EBITDA récord de USD $36 millones, avalado por dictámenes auditados por la firma EY. El estrés financiero se debió a un incremento inesperado en las tasas de interés, así como a un tema cambiario en donde el dólar se depreció versus el peso mexicano más de un 10%, lo que puso en riesgo la operación recurrente de la empresa al reducir sustancialmente el flujo de efectivo disponible.
Las negociaciones se interrumpieron cuando Prudential y Cigna abandonaron el diálogo financiero para intentar una expropiación administrativa hostil. El 30 de octubre de 2024, exigieron de forma intransigente la destitución inmediata de Eduardo Albor como CEO y el control operativo de la empresa antes del 13 de noviembre. Ante la negativa, amenazaron con demandas personales a los miembros del Consejo de Administración por supuesto incumplimiento fiduciario. El Consejo rechazó unánimemente estas presiones para evitar la liquidación del grupo y, como medida defensiva para proteger a la compañía bajo un marco legal neutral, solicitó el Concurso Mercantil en México el 30 de diciembre de 2024.
Eduardo Albor y el consejo original mantienen una batalla legal firme contra una administración impuesta que carece del respaldo real de los accionistas. Aunque la Corte de Delaware resolvió mantener temporalmente el proceso de Chapter 11 y fijó una audiencia para octubre de 2026, la defensa de Albor ha demostrado que los actos de dicha administración vulneran los derechos de soberanía judicial en México. La estrategia legal se encamina a defender el patrimonio del grupo y evitar que un plan desfavorable despoje a sus legítimos accionistas.
Este dictamen tiene tres alcances definitivos que sepultan la estrategia de los acreedores:
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